Gestión Pública e Innovación (II)
Las reformas e innovaciones en las administraciones no deben continuar limitándose, exclusivamente, a las mejoras de su productividad y al logro de mayores objetivos de calidad, de eficacia y eficiencia en sus resultados, por necesarias que éstas sigan siendo. La actual situación demanda innovaciones y cambios más radicales que no pueden derivarse de la evolución de las que, hasta ahora, se han realizado y en las que habrá que continuar persistiendo.
Los anteriores criterios de valor añadido que se han venido considerando en las administraciones, anteriormente citados, no son suficientes. Es necesario y urgente plantearse otros, entre los cuales destacan: el cambio de rol de las administraciones; la mejora de la calidad democrática y la gobernanza basada en un modelo de gobierno abierto; la transformación de los actuales procesos administrativos; la introducción de cambios en las políticas y el fomento de la transversalidad en el funcionamiento de la Administración.
Todos estos objetivos hay que abordarlos desde una actitud política, técnica y social de querer mejorar la calidad democrática en el seno de las administraciones y de su aplicación en las relaciones con la sociedad y en su funcionamiento interno. Todos ellos están muy relacionados, son transversales y sus ventajas pueden tener derivaciones posteriores y complementarias en la mejora de su productividad y en la prestación de sus servicios.
Respecto al cambio de rol, es preciso transitar de la mera administración de los servicios públicos mediante su gestión y regulación a ejercer una mayor capacidad de influencia y de protagonismo en el territorio para abordar, entre otros aspectos, las respuestas a las necesidades sociales en un contexto globalizado. Este cambio debe incidir, sobre todo, en rediseñar su papel como catalizador e impulsor de relaciones de colaboración y cooperación entre todos los actores de su territorio; liderar el nuevo modelo de desarrollo sostenible e impulsar su visión estratégica entre ellos; construir consensos políticos y sociales amplios y generar contextos favorables al cambio. En este nuevo rol juega un papel importante la experimentación y la búsqueda de alternativas (no sólo técnicas, sino también y, fundamentalmente, sociales), tratando de compatibilizar la racionalidad tecnocrática con la deliberación pública y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva.
La mejora de la calidad democrática debe ser aplicada en los procedimientos (lo que incluiría cumplir con los principios de legalidad, de imparcialidad, de rendición de cuentas, de ética); en el respeto real y efectivo a los derechos de la ciudadanía (civiles, políticos y sociales) y, en los resultados alcanzados respecto a la percepción de la ciudadanía en cuanto a la gestión de sus demandas. Por su parte, la mejora de la gobernanza requerirá el impulso de la transparencia, de la participación ciudadana y de la responsabilidad social en el ejercicio de la acción política.
La actual crisis y su gestión política está poniendo en cuestión el modelo de ‘Estado del Bienestar’ impulsado, hasta la fecha, por las Administraciones y muchos expertos hablan de la necesidad de repensarlo. Por ello, el nuevo escenario (actual y post-crisis) de los servicios públicos va a necesitar definir nuevas estrategias de desarrollo a medio y largo plazo e implementar medidas de política pública que compatibilicen lo urgente con lo importante y necesario en un contexto desfavorable donde los ingresos tributarios son menores -fruto de una menor actividad productiva, de nuestra fiscalidad y de las bolsas de fraude existentes-. Dicho escenario, aunque inicialmente tenga que pasar por incentivar el crecimiento, a medio plazo no puede basarse en recuperar las dinámicas anteriores y pretender mantenerlo permanentemente. Necesitamos plantearnos seriamente consolidar un determinado nivel de crecimiento para aspirar a un desarrollo más sostenible, para lo cual, entre otras, habrá que seguir combinando las medidas de austeridad con las de priorización de políticas, de cambio y de innovación en las políticas públicas. No se trata de seguir haciendo menos de lo mismo, sino de utilizar de la manera más eficaz y eficiente los recursos que tengamos para las nuevas prioridades económicas y sociales.
Consecuentemente, la Administración post crisis deberá generar cambios en sus políticas y en su actual enfoque de gestión. Para ello tendrá que plantearse avanzar, realmente, en la integración y colaboración de las políticas públicas; en su priorización y aplicación de modelos de gestión de la demanda frente a los de oferta y, en la prestación de los servicios personalizados frente a los estandarizados.
Esto implica no confundir las demandas con las necesidades sociales y poner el foco, a corto plazo, en las nuevas necesidades generadas por la crisis tales como el empleo, las desigualdades sociales, la lucha contra la exclusión y la pobreza, etc., pero sin olvidar que estas prioridades deben encuadrarse en un proyecto de futuro a medio y largo plazo en el que se necesita acordar, desde ahora, las bases de un nuevo desarrollo que debe poner el acento en cómo financiarlo, en la felicidad de las personas y en su participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas y de sus servicios públicos, así como en la sostenibilidad ambiental de nuestros recursos naturales.
La innovación también debe incorporarse en la organización y funcionamiento de nuestras administraciones, a través del impulso decidido de la transversalidad. Como se sabe, las administraciones, internamente, se organizan en estructuras departamentales jerárquicas y sectorizadas en función de las competencias y de los conocimientos especializados exigidos para responder a las exigencias de las diferentes temáticas de las políticas públicas (salud, educación, urbanismo, etc.)
No obstante, cada vez hay una mayor demanda y necesidad de abordar problemas que se escapan del tratamiento exclusivo de una determinada política pública y que se basan en lógicas de interdependencia. Así ha ido adquiriendo cada vez más peso la alternativa de la transversalidad, que surge de la interacción entre la diversidad y la complejidad de la realidad social y de las exigencias y limitaciones de la técnica y de las estructuras organizativas.
En esta materia las administraciones no parten de cero porque ya disponen de experiencia en la gestión centralizada de algunos temas estratégicos como son la gestión económica, los inmuebles, la gestión del capital humano, etc. así como en la utilización de otros mecanismos básicos dirigidos a promover la información y la coordinación intra e inter-organizativa a través de comisiones intergubernamentales, grupos de trabajo específicos, etc.
Es en este caso cuando la transversalidad es entendida como opción organizativa complementaria a la tradicional y nunca para ser un sustitutivo de ésta. Este modelo organizativo está íntimamente relacionado con la idea de una administración y un gobierno más relacional, que precisa incorporar en su trabajo conjunto o en una de sus partes significativas, el tratamiento de problemas poliédricos desde las diferentes políticas públicas, incorporando la diversidad de puntos de vista y de alternativas.
El reto en esta materia pasa también por convertir el discurso de la transversalidad en realidad, para así garantizar mejor el liderazgo de las administraciones en el abordaje de la complejidad de los principales problemas a los que tiene que enfrentarse y en los procesos de adaptación a los importantes cambios sociales.
Desafortunadamente, en la actualidad, no se vislumbra una hoja de ruta sobre cual debe ser el modelo de Administración pública del futuro, ni se dispone de un modelo acabado de cambio organizativo que resuelva los desajustes de la actual administración. Consecuentemente, el futuro de nuestras administraciones hoy es incierto y nadie puede asegurar que la Administración postcrisis se vaya a corresponder con las necesidades de innovación que presenta la sociedad española.
Los partidos políticos deberían hacerse eco de esta necesidad en sus próximas propuestas electorales, recogiendo medidas concretas que sean fruto de la reflexión y del debate interno y externo.
Javier Asín Semberoiz