La participación ciudadana necesita recursos públicos [Participación, gobernanza y políticas públicas 3]

IMG_4187Las formas tradicionales de gobernar, en las que la ciudadanía es considerada como receptora pasiva de servicios, junto a la gestión de la crisis y a los escándalos de corrupción, han favorecido la desafección política de nuestra sociedad y un importante deterioro en la pérdida de confianza de sus instituciones.

Como respuesta, desde la política, se quiere contrarrestar esta tendencia con diversas medidas de regeneración democrática, entre las que se encuentra el impulso de la participación ciudadana. Así lo atestiguan las constantes declaraciones y promesas que van formulando las formaciones políticas para las próximas elecciones.

Sin embargo no es arriesgado afirmar que el hecho de que se quiera destacar la importancia de la participación, no nos asegura que vaya a ser un tema prioritario en la agenda política post-electoral, ni que el discurso esté suficientemente interiorizado y tenga el mismo significado para todos.

Eso es lo preocupante y en lo que conviene centrar la atención de todas las formaciones políticas, dado que el impulso de la participación ciudadana, aunque está más integrado en el discurso de la izquierda, requiere una mayor reflexión y definición política en todas ellas.

Sin la necesaria reflexión y concreción de medidas específicas, se corre el riesgo de que el discurso esté hueco y sea un mero reclamo electoral. En el caso de que realmente se quiera aplicar, puede ocurrir que un déficit de definición favorezca que los nuevos equipos de gobierno que surjan de las elecciones, se lancen a practicarla sin sentirse cómodos o sin saber afrontarla, gestionarla y asumir sus consecuencias, generando experiencias negativas entre la ciudadanía que, posteriormente, costará mucho tiempo superar.

PIMG_3417or ello, la participación ciudadana está necesitada de compromisos políticos concretos y de una buena gestión técnica posterior.

Los compromisos políticos que se necesitan en esta materia están relacionados con el reconocimiento de la centralidad política que deberá jugar la participación ciudadana tras la renovación electoral de los nuevos cargos públicos que llegarán a nuestras administraciones. El importante papel que la participación ciudadana está llamada a desempeñar en la gestión pública no puede permitir que sea considerada con menor rango.

Para que los referidos compromisos políticos con la participación ciudadana se puedan materializar, se necesitará dotarla de los recursos administrativos y técnicos necesarios. Ha llegado la hora de crear en el organigrama la unidad administrativa que se ocupe específicamente de su impulso y gestión, donde todavía no exista. Su ubicación deberá ser la que permita ejercer mejor el liderazgo político de la institución y la que pueda garantizar la necesaria coordinación de todas sus áreas administrativas, que, por lo general, son las Consejerías de Presidencia en el caso de las CCAA y en Alcaldía, en los ayuntamientos.

La referida Unidad Administrativa deberá estar dotada de los recursos económicos y técnicos que precise, evitando que la misma esté formada por personal político de confianza y no por personal técnico cualificado.

IMG_6951Dada la tendencia existente en nuestras Administraciones a realizar reglamentos y a desarrollar normativas para regular todas sus actividades, en el caso de la participación no es aconsejable comenzar por este tipo de medidas, sino más bien, por emprender determinados proyectos estableciendo las reglas de juego de los mismos y dejar que se vaya extendiendo a todas las áreas del gobierno, con el fin de que los políticos, los técnicos y la ciudadanía vayan confiando en la misma y sacando sus conclusiones. La excesiva regulación normativa no suele ejercer de motor de la participación, por lo que no es una condición necesaria.

Muchas administraciones ya han tenido experiencias participativas, pero quizás no han reflexionado lo suficiente, ni obtenido conclusiones sobre ellas. Este trabajo, si está pendiente, sería muy conveniente hacerlo porque es un buen camino para decidir qué programa de participación ciudadana se pretende desarrollar a corto y medio plazo.

Pero quizás uno de los retos más importantes que debería abordarse es el referido a su transversalidad. Es decir, a la incorporación de la participación en todas las políticas públicas y a la implicación coordinada o integrada de varias Unidades, Áreas o Departamentos en un mismo proyecto.

La extensión de la participación a todas las áreas del gobierno va a requerir decisiones y tiempo. Sin embargo lo más innovador -y también más difícil- será conseguir que la participación se realice de manera coordinada y colaborativa entre los diferentes departamentos o unidades implicados en un determinado proyecto. La actual segmentación existente en el funcionamiento de nuestras administraciones constituye un importante obstáculo para alcanzar este objetivo. Sin embargo, es una condición imprescindible para poder responder de manera integral a las propuestas ciudadanas que se formulan en todos los procesos participativos.

IMG_8577Para ello es conveniente crear y liderar espacios (informales y/o formales) de coordinación en cada uno de los proyectos de participación, desde el diseño hasta la finalización de los mismos y, progresivamente, ir identificando personas en los diferentes departamentos que estén interesadas en promover la participación ciudadana. De ese modo, a medio plazo podría generarse una red interdepartamental con la que poder planificar de manera conjunta los procesos participativos de una misma administración, coordinar sus recursos y socializar conocimientos y experiencias.

Otras barreras existentes que impiden avanzar en la referida transversalidad de la participación ciudadana están relacionadas con el importante desconocimiento en unos casos, y confusión en otros, que se detecta en la actualidad sobre el concepto, la utilidad y la gestión de la participación en el seno de las Unidades Administrativas.

A la inexistencia de un leguaje y de una visión común sobre la participación ciudadana, se une la desconfianza que ésta genera.

Muchas veces los políticos y también los técnicos de las administraciones se oponen y/o tienen una concepción equivocada de lo que supone la participación, porque consideran que significa renunciar a su liderazgo político y/o técnico en la resolución de los problemas colectivos y traspasar la responsabilidad a la ciudadanía. En otras, mantienen una concepción tradicional y limitada, equiparándola a la mera información y consulta ciudadanas.

IMG_7252Por otra parte, el personal técnico de las Administraciones tiende a monopolizar el conocimiento experto sobre las políticas que les toca gestionar y, por lo general, no le gusta que nadie ajeno a su ámbito de gestión (otros especialistas, organizaciones sociales y el público en general) realice diagnósticos y propuestas sobre el mismo. También las urgencias del día a día y la acumulación de tareas muchas veces no dejan el espacio necesario para que puedan incorporar la participación en el modo de hacer y de gestionar.

Con el fin de poder superar algunas de estas barreras, es necesario sensibilizar a los políticos y a los técnicos respecto a sus actitudes con la participación ciudadana. También se precisa aportarles una formación básica para que puedan plantearla y abordarla con garantías de calidad.

Este esfuerzo también hay que realizarlo con las organizaciones sociales, promoviendo acuerdos ciudadanos para el impulso de la participación y, a otro nivel, con la ciudadanía, facilitando espacios permanentes de colaboración y de mayor implicación social en la planificación y gestión de los servicios públicos.

 

LT133 Javier Asín Semberoiz

One Comment

  1. De acuerdo, salvo matices. Se da una relación sistémica (llámalo de ida y vuelta, si quieres) entre participación ciudadana y mecanismos de control (transparencia).

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